El Expediente Picasso. En 2021 se cumplen cien años del llamado
“Desastre de Annual”
Desde comienzos del mes
de junio de ese año, el ejército español se había visto inmerso en una serie de
actuaciones mal planificadas en la zona del Rif que dieron lugar a la pérdida
del Monte Abarrán, seguida de la caída de Igueriben y Annual entre los días 17
y 22 de julio, en una cruenta batalla en la que, además, se dio por fallecido
al comandante general de Melilla, Manuel Fernández Silvestre. El repliegue del
ejército español se desarrollaba de manera desorganizada y con numerosas bajas
personales y de material por lo que, ante tal situación, se dictó la Real Orden
de 4 de agosto ordenando la instrucción de la información gubernativa. El
general Picasso, juez instructor de la misma, llegaba a Melilla el 9 de agosto,
acompañado del secretario y auditor de brigada, Juan Martínez de la Vega y
Zegrí. Sus actuaciones comenzaron el 13 de ese mes, centrándose en la recogida
de no sólo los testimonios y declaraciones de los militares que se encontraban
en la Comandancia, sino también de los prisioneros que iban siendo liberados
por los rifeños, quienes, antes de hablar con nadie, debían contar lo ocurrido
al general Picasso por indicación del Alto Comisario en Marruecos, Dámaso
Berenguer (fol.277).
Otra de las primeras
acciones de Picasso al llegar a Melilla fue la solicitud a Berenguer de los
planes de las operaciones ordenados por el Alto Mando en el territorio
(fol.194). Sin embargo, éstos no le fueron facilitados y su campo de actuación
fue limitado por la Real Orden de 24 de agosto, en la que expresamente se indicaba
a Picasso que la información no debía extenderse “a los acuerdos, planes o
disposiciones del Alto Mando, concretándose a los hechos realizados por los
Jefes, Oficiales y tropa en las operaciones que dieron lugar a la rápida
evacuación de las posiciones ocupadas por nuestras fuerzas” (fol.411)1 . Entre
los meses de agosto de 1921 y enero de 1922 el juez instructor y el secretario
fueron reuniendo una voluminosa documentación que reflejaba la situación de la
Comandancia durante esos meses y en años anteriores: declaraciones de testigos;
estados del material, fuerza y ganado; órdenes militares y partes de
operaciones en esos periodos; telegramas y conferencias telegráficas;
información sobre las evacuaciones; obras realizadas en la zona; planos de las
posiciones y caminos; y otros documentos. A lo largo de este tiempo, Picasso y
Martínez de la Vega fueron testigos de todo lo que iba ocurriendo en el
territorio de la Comandancia de Melilla hasta que a finales de enero del 1922
el Juzgado de Instrucción se trasladó a Madrid para concluir la información
gubernativa. Ésta terminó con el informe de Juan González Picasso, firmado el
18 de abril de 1922 y formado por un resumen de las actuaciones militares entre
el mes de julio y comienzos del mes de agosto de 1921 (fols.2172-2413) y la
conclusión final (fols.2413-2417), a la que se dedica un apartado especial en
esta Pieza del Mes. En ella, Picasso expone las dificultades encontradas para
la realización de la información, resumiendo la pérdida de ciento treinta posiciones
españolas debido a la desmedida expansión del territorio y apuntando como causa
la conducta del ejército de ocupación, relajado en el desempeño de sus
funciones y con defectos en su preparación y moral. Es muy significativa la
reflexión que realiza sobre la responsabilidad directamente relacionada con la
autoridad, indicando que debía imputarse en primer término al Mando que con
“inconciencia, con incapacidad, con aturdimiento o temeridad ha provocado el
derrumbamiento de la artificiosa constitución del territorio”, y, en segundo
lugar, “a todos aquellos según su medida y grado, que no respondieron a sus
deberes militares”.
Picasso focaliza una
parte de su informe en el día 22 de julio, recalcando cómo en la Comandancia de
Melilla existía una fuerza oficial de 19923 hombres disponibles y un territorio
extenso con numerosas posiciones dispersas, deficientemente organizadas y mal
abastecidas. Incide, igualmente, en la existencia de múltiples cabilas armadas
en la retaguardia y en la falta de líneas de apoyo para casos de repliegue,
circunstancias que, junto con la acumulación de fuerzas en el frente y otros
factores, tuvieron como consecuencia una retirada desastrosa y desordenada de
las tropas españolas. Concluía su informe con estas palabras:
Y condensando en un
juicio definitivo los acaecimientos del territorio, puede aducirse la
aseveración del P. Alfonso Rey, religioso franciscano de la Misión de Nador,
que preguntado - folio 405 vuelto - por las causas que en su concepto hubiesen
provocado los sucesos, encierra su opinión en el aserto o sentencia de que los
atribuya “al abandono en que estaba la vigilancia antes de declararse y al
miedo después que comenzaron”
La información
gubernativa, denominada también Expediente Picasso, consta de 10 piezas y 2418 folios
y fue enviada al ministro de la Guerra el mismo 18 de abril. Independientemente
de las repercusiones que tuvo a nivel político y social, fue utilizada como
información fundamental por varias instancias judiciales y por las Cortes. En
primer lugar, por Real Orden Comunicada del Ministerio de la Guerra de 21 de
abril de 1922 se remitió al Consejo Supremo de Guerra y Marina para que el
fiscal militar elaborara un dictamen. Éste, de 28 de junio de 1922, sirvió de
base para que el citado Consejo acordara la formación de varias causas para
depurar.
Archivo Histórico Nacional. FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.50,N.10 El Expediente Picasso.
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